Pierde Sergio Zapata Vales ante el TEQROO

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La queja de Sergio Zapata Vales interpuesta ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) en contra de la incorporación de Manuel Valencia Cardín como regidor no prosperó.

Porque de acuerdo al resolutivo del órgano jurisdiccional, no hubo violación al proceso de rigor.

A principio del presente Valencia Cardín solicitó su reincorporación al Cabildo Municipal de Othón P. Blanco, pero su suplente Sergio Zapata Vales se inconformó ante el Teqroo por supuesta transgresión a sus derechos político-electorales.

Argumentó que el secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Alejandro Rivera Romero, nunca le convocó a asumir funciones como regidor propietario, pues Valencia Cardín se ausentó más de la licencia de 90 días autorizada para participar en el presente Proceso Electoral Local 2019.

En su ponencia la magistrada Claudia Carrillo Gasca determinó infundado el Juicio de Protección a los Derechos Político-Electorales, identificado como JDC/020/2019; porque el secretario general del Ayuntamiento de Othón P. Blanco notificó a Zapata Vales, mediante el oficio MOPB/SG/432/2019; sobre la reincorporación del regidor del Partido Encuentro Social Quintana Roo (PESQROO).

El Pleno del Teqroo la aprobó por unanimidad y concluyó que corresponderá al Cabildo Municipal de Othón P. Blanco pronunciarse respecto a tal caso.

Y es que durante casi tres meses la regiduría del PESQROO se mantuvo sin representante pues el propietario contendió en el proceso interno y el suplente se negó a ocuparle de manera temporal.

En otro contexto, el Teqroo desestimó la queja de las ex candidatas a diputadas por Movimiento Ciudadano (MC), Gabriela López Pallares, Carmen Ileana Martínez Molina y Rita Elena Solís Pallares, en contra de Carlos Orvañanos Rea, del Partido Acción Nacional (PAN).

Las inconformes denunciaron Violencia por Razones de Género y entrega de regalos y alimentos en actividades proselitistas del candidato del PAN.

El Teqroo declaró inexistentes tales conductas, aunque las agraviadas pueden proceder ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

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