SANCION

No habrá sanción contra diputados que excentaron de impuestos a casinos

El Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos 2020, que exime de impuestos el inicio de operación de casinos en el presente año, será derogado.

Asimismo, no habrá sanción contra los diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, que le impulsaron.

Los coordinadores de las fracciones parlamentarias de Morena, Verde (PV) y del Trabajo (PT), Reyna Durán Ovando, José de la Peña Ruíz de Chávez y Roberto Erales Jiménez, respectivamente, anticiparon que se promoverán se convoque a Período Extraordinario de Sesiones, a la brevedad.

Porque dicho transitorio se contrapone al pronunciamiento del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la negativa de instalar casas de apuestas.

La coordinadora de la Bancada de Morena manifestó que la XVI Legislatura tambiém se regirá con base lo que verdaderamente beneficie a la ciudadanía.

En este caso al no haber beneficio para la ciudadanía, se derogará el Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos.

El coordinador de la Fracción Parlamentaria del PV indicó que el dictamen siempre incluyó el transitorio en cuestión.

Dependió de cada diputado su análisis y aprobación.

Afirmó que no hubo ningún dolo en la iniciativa.

Porque el objetivo era fomentar la inversión. En este caso era exentar a los jugadores del pago de impuestos.

Paralelamente se proyectaba la captación de al menos 80 millones de pesos con la operación de casinos.

Expuso que la inclusión del Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos 2020 fue avalada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

Nunca fue con el fin de afectar u obtener prebendas politicas, aseguró.

Aseguró que existen personajes de la política que descalifican toda labor del Poder Legislativo.

En tanto, el presidente de la Fracción Parlamentaria del PT reiteró su rechazo a la instalación de casinos.

Se promoverá durante la próxima sesión de la Comisión Permanente, se convoque a Período Extraordinario de Sesiones, para analizar y pronunciarse respecto a este tema.

Llega otra vez González Castro al TSJ, ahora como Consejero

Chetumal.- “El personal judicial, es como un apostolado, la persona que verdaderamente tiene vocación de servicio (y) sabe de derecho, debe recibir una oportunidad en el Poder Judicial; pero el proceso de selección de quiénes son jueces y quiénes magistrados, debe ser un escrutinio muy cuidadoso”, declaró el recién nombrado Consejero Ciudadano de la Judicatura del Poder Judicial de Quintana Roo.
El exmagistrado presidente del TSJ de Quintana Roo (1994-2000), fue nombrado al cargo de Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en la sesión número 30 por los diputados de la XVI Legislatura.
En entrevista telefónica, el también expresidente municipal de Benito Juárez (1984-1987), destacó que en el servicio público, todas las responsabilidades son importantes, sin embargo, este nuevo cargo que asume “es una de las más relevantes”.
“La gente quiere justicia, se queja de la justicia; protesta por la gente que sale de la cárcel porque piensan que son por razones torcidas, de dinero, de influencias; esas son de las cosas que hay que revisar y hay que averiguar”, tarea que no será del todo fácil, pero aplicará todo su conocimiento y voluntad para hacerlo.
Joaquín González Castro también fue senador de la República (1988-1994) y al cuestionarle sobre cómo contribuirá desde su nuevo cargo para combatir la corrupción, detalló que en caso de que exista en el Tribunal Superior de Justicia, se tiene que atacar de manera ejemplar; porque quien, en el servicio público traiciona la confianza de la ciudadanía, debe recibir una sanción y ser descartado de cualquier cargo de gobierno. Eso sí, pues se les tiene que dar todas las garantías de audiencia, ya sea juez, secretario o proyectista.

TRABAJO POR HACER
El abogado Joaquín González Castro especificó que es el Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo, se debe de abocar a reclutar a los mejores elementos, a los mejores cuadros, a las generaciones que estén más preparadas en los temas jurídicos, pero también debe de capacitarlos de manera permanente, porque el Derecho es dinámico, cambia día a día.
“Desde la Judicatura del Poder Judicial del estado, el mayor reto es preparar muy bien al personal judicial, al personal administrativo que brinden una adecuada justicia a la población, ese es el mayor reto que tenemos”, enfatizó.
Hizo la comparación que es como la medicina, los que la estudian se tienen que estar actualizando, de igual manera en Derecho, los que estudiaron hace 20 o 30 años, pues ya tienen que actualizarse y eso se hace por medio de la capacitación, este es un reto de la Judicatura, así que la toma como tarea.

Sancionan a funcionarios por irregular asignación de uniformes

Chetumal.- Una suspensión de 15 días y una inhabilitación por seis meses fueron los castigos impuestos por la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) en contra de dos directores de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, por las irregularidades incurridas por la contratación de la empresa Adicon, para la elaboración de uniformes en 2017.
La empresa de Puebla obtuvo un contrato por más de 100 millones de pesos para la elaboración de uniformes escolares, aunque después se descubrió que la dirección que había brindado la empresa era un despacho vacío, por lo que se sospecha que simplemente subcontrataron a las maquiladoras. La empresa finalmente incumplió en las fechas de entrega y fue penalizada.
Manuel Alamilla Ceballos, oficial mayor, confirmó que por instrucción de la Secoes, el director general de administración, José Manuel González Acosta, fue suspendido por 15 días, en tanto que Edwin Azmir Díaz Tello, director de Recursos Materiales, fue inhabilitado por seis meses, aunque todavía tienen recursos legales a su alcance.
El funcionario estatal indicó que cada uno tendrá que hacer sus aclaraciones pertinentes ante la autoridad.
Sobre supuestos reclamos de textileros chetumaleños, quienes señalan que solo se les usó para ganar la liticación, pero que los uniformes se trajeron mayormente de afuera, dijo desconocer estas inconformidades, pero indicó que ellos otorgaron el contrato a la empresa La Rana, y que tocó a ésta hacer los tratos con cada particular.
Cabe destacar que justamente hoy, Pedro Quintal Loeza, representante de La Rana, sostuvo una rueda de prensa en donde indico que todavía no se le ha pagado los 127 millones de pesos por este contrato, pese a que los uniformes están entregados en un 80%, por lo que exhortaba al Gobierno del Estado a cubrir este adeudo.