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TRAFICO DE ARMAS

PAREN TRÁFICO DE ARMAS: DEMANDA PARA PACIFICAR

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La confirmación por parte de fuentes federales de que las armas utilizadas en la masacre de la familia LeBarón son de manufactura estadounidense, evidenció este tráfico ilegal que varios gobiernos estatales han pedido se controle, al igual que el narcotráfico, ya que de otra manera no podrá contenerse la violencia desatada en las entidades por el crimen organizado que en el caso de Quintana Roo es responsable de 9 de cada 10 asesinatos violentos.
El analista político Raymundo RivaPalacio indicó que el gobierno de México aceptará el apoyo del FBI en el esclarecimiento del asesinato de la familia LeBarón, y pedirá que rastreen el origen y la ruta de las armas utilizadas. “El spin (propaganda) del gobierno ante las críticas en Estados Unidos se enfocará al negocio de las armas que llegan a las organizaciones criminales en México”, comentó.
Esa situación, del tráfico ilegal de armas que fortalece a los grupos criminales y deja en desventaja a los cuerpos de Seguridad Pública de los estados, ha sido expuesta reiteradamente por gobernadores de las entidades donde los grupos del narcotráfico han disparado la violencia en los últimos años. Sin embargo, las fuerzas federales no habían respondido hasta el momento.
El estudio Beyond Our Borders publicado por el Center for American Progress, señala que a México ingresan cada año un aproximado de 213 mil armas ilegales desde territorio estadounidense, aunque según declaraciones oficiales esa cifra se queda corta: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se están contrabandeando mil armas diarias a México; son 365 mil armas al año. Muchas de ellas entran por la frontera norte del país. Entre Tijuana y Matamoros, hay 2 mil 500 armerías y no son para vender las armas a los residentes de los Estados Unidos; su negocio es venderles armas a quienes las van a cruzar a México, reveló el funcionario.
En la práctica, sin embargo, la porosidad y corrupción en las aduanas mexicanas solo ha sido atendida para controlar el flujo de migrantes. En cambio Quintana Roo, como otros estados, han sufrido recortes en sus presupuestos para combatir el crimen y la disminución de efectivos de las fuerzas federales.
En la actual situación ningún esfuerzo, por extraordinario que sea, será suficiente para frenar al crimen organizado, el responsable de que se haya disparado la violencia a niveles históricos en el país, si las autoridades federales son las que facilitan a los narcotraficantes sus fuentes de financiamiento, redes de operación, mercados, tráfico de armas y reclutamiento de indocumentados.
Así como el tráfico de armas, el lavado de dinero es delito del orden federal y, por tanto, facultad de la federación para combatirlo. Las armas, traficadas desde Estados Unidos, le dan capacidad de fuego a los criminales, y el lavado de dinero financia sus operaciones. Se estima que el lavado de dinero en el país alcanza el 5% del PIB (Producto Interno Bruto) lo que significa que alrededor de 45 mil millones de dólares de dinero sucio pasa cada año por bancos, empresas de seguros, agrupaciones aparentemente religiosas, inmobiliarias y casas de bolsa, entre otras ramas.
Por todo lo anterior los gobiernos estatales, como el de Quintana Roo, sostienen que la única forma de reducir la violencia en el país, es atacar sus orígenes porque con la detención de los criminales, tarea en la que concentran sus esfuerzos actualmente, lo único que se ha conseguido es que por cada detenido aparezcan otros dos delincuentes.

RESPALDA QUINTANA ROO FRENO A TRÁFICO DE ARMAS

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El gobierno de Quintana Roo reiteró su colaboración con las autoridades federales para combatir las causas que han disparado la violencia en los estados del país y en ese sentido, respaldó las medidas que empezaron a implementar para frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos.
La próxima semana, según informó el canciller Marcelo Ebrard, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana compartirá el catálogo de armas provenientes de Estados Unidos, las medidas que dicho país se comprometió a implementar para frenar en su frontera el tráfico ilegal y las acciones que las autoridades federales están coordinando en México tanto con la Administración General de Aduanas como con otras instancias involucradas.
Los cuatro delitos de alto impacto que han disparado la violencia en los estados del país son del orden federal; es decir, son competencia de la federación: el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero y el tráfico de personas.
En ese sentido, Quintana Roo colabora y opera en coordinación con las fuerzas federales para detener a los criminales y remitirlos a la justicia federal.
Sin embargo para reducir los índices de delitos de alto impacto, como los asesinatos, se requiere frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos que determina la capacidad de fuego de los grupos criminales.
Según las autoridades, 80% de los crímenes atribuidos al narco son cometidos con esas armas y en Quintana Roo, 9 de casa 10 homicidios dolosos están vinculados con el tráfico de drogas.
La Cancillería mexicana reconoció lo que desde hace años han venido reclamando varios estados sacudidos por la violencia: si no se frena el tráfico de armas desde EU, ningún gobierno local podrá reducir los índices de criminalidad que afectan a sus entidades.
En ese orden también sobresale el tráfico de personas. En el sur del país la crisis generada por las caravanas migrantes ha visibilizado la porosidad de la franja fronteriza de la que se han aprovechado las bandas delictivas dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos.
De octubre de 2018 a mayo de 2019 unos 47,426 migrantes cruzaron irregularmente la frontera sur, de acuerdo con un reporte del Ejército. Esos migrantes y otros extranjeros son, en algunos casos, internados o interceptados como reclutas del crimen organizado para asesinar, extorsionar y secuestrar.
Asimismo, a la capacidad de fuego con el tráfico de armas se suma la capacidad financiera del narcotráfico sustentada en el lavado de dinero. Saskia Rietbroek, de la firma estadounidense No Money Laundering, estima que el lavado de dinero en el país, principal fuente de financiamiento de los grupos criminales, alcanza el 5% del PIB (Producto Interno Bruto) lo que significa que alrededor de 45 mil millones de dólares de dinero sucio pasa cada año por bancos, casas de cambio, casas de bolsa, empresas de seguros, agrupaciones aparentemente religiosas y el sector inmobiliario, entre otras ramas.
Por todo lo anterior el gobierno de Quintana Roo sostiene que la única forma de reducir la violencia en el país es atacar sus orígenes y evitar cualquier pacto con los grupos criminales como sucedió en gobiernos anteriores.
Esos pactos les permitieron a los criminales operar y crecer, con la complicidad de las autoridades, hasta controlar ciudades y espacios turísticos.
A cambio los gobiernos locales sólo lograron postergar las peores consecuencias que han sido heredadas por autoridades y población civil con saldos rojos.

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